Columnas y Opiniones

Natalia González Bañados

Directora Centro de Derecho Regulatorio y Empresa

Tradicionalmente se ha entendido que el gobierno corporativo de una empresa constituye una herramienta tendiente a generar eficiencias económicas, principalmente, al resolver eficazmente el denominado problema de agencia, esto es, la relación o tensión que se produce entre los dueños del capital y quienes lo han de administrar en la sociedad.

Esto ha llevado, en términos generales, a que las legislaciones plasmen como objetivo del gobierno corporativo la administración en el mejor interés de los accionistas. Dicho de otra forma, una administración con miras a maximizar el valor de la compañía en interés de los accionistas.

Bajo esta concepción, tradicional y mayoritaria en doctrina, no habría cabida para que la administración persiga otros objetivos, en apariencia, diversos al mencionado. La maximización de valor de la compañía no daría pie para el reconocimiento de otros intereses. Sin embargo, la realidad nos habla de otro fenómeno, uno en que los directorios de las empresas habrían superado la regulación, persiguiendo, asimismo, otros fines tendientes a la creación de valor para ser sostenibles en el tiempo.

A diferencia de quienes ven en estos objetivos un alejamiento del mandato legal de la administración, o de quienes estiman que esos “otros” objetivos no están contenidos en la definición legal sobre la misión de la administración, estimo que ellos se encuentran incorporados y son parte esencial de la misma. Y es que la maximización del valor de una compañía no sólo debe entenderse como un objetivo a evaluarse en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Visto desde esa perspectiva, los incentivos de la administración cambian o al menos permitirían sumar nuevas posibilidades. Así, al tradicional foco en los resultados financieros y económicos más inmediatos (trimestrales o semestrales o incluso anuales), se adicionarían otros que implican creación de valor en el mediano y largo plazo, lo que, sin duda, redunda en beneficio de los accionistas. Esto es lo que, a mi juicio, está ocurriendo en la realidad, toda vez que a las tradicionales métricas que ponderan los resultados económicos, las empresas han ido incorporando poco a poco, y de manera expresa y sistemática (no como acciones aisladas o con efecto “marketing”) otras variables tendientes a verificar cuál es el impacto de sus actividades en la comunidad y en sus clientes; a identificar a sus stakeholders y la relevancia de los distintos grupos de interés y, en definitiva, a reconocer los factores que hacen que la compañía preserve y agregue valor.

La incorporación de estos parámetros requiere, como cualquier otro objetivo empresarial, que estos sean gestionados. Para ello, y en consecuencia, las empresas han instalado, en buena hora, ciertas estructuras y procedimientos de seguimiento y evaluación y, tal vez más importante, han comenzado a entender que la preocupación por estas consideraciones implica que los métodos y el cómo se consiguen los resultados económicos han pasado a tener tanta importancia, para la competitividad de una empresa, como los resultados en sí mismos.