Rector en la Prensa

A nivel global, la discusión sobre el financiamiento de la educación superior está inconclusa. La masificación del acceso a la educación terciara y sus crecientes costos, en particular cuando se quiere entregar docencia de calidad, investigación y posgrados en un contexto de competencia global, plantean desafíos que los Estados no saben cómo resolver. En Chile, la Ley de Educación Superior intentó grabar en piedra una fórmula de gratuidad universal, pero los problemas de diseño de esta han mantenido el debate abierto. Sin ir más lejos, el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, detalló en estas páginas que la fórmula actual de gratuidad es simplemente insostenible sin sacrificar la calidad.

Desde el momento en que comenzó a tramitarse la ley, varios rectores advertimos públicamente que esto iba a ocurrir. En términos agregados, al prohibir los aportes de las familias, la gratuidad le quitó recursos al sistema, lo que inevitablemente daña su calidad. Es difícil entender cómo los legisladores no advirtieron algo tan evidente. En la medida que pasen los años, el déficit de las universidades que entraron a la gratuidad será cada vez mayor; así que es mejor corregir el problema ahora, antes de que las consecuencias de una ley mal concebida afecten a la mitad de las universidades chilenas. De hecho, si en el futuro se avanza a la gratuidad del séptimo decil, la crisis económica de las universidades será mucho peor.

Pero no hay que corregir un error con otro. Con las urgencias existentes en la educación básica y prebásica, no es razonable, ni solidario, pedir al Estado más recursos para la educación superior. Resulta esencial mantener este concepto en mente al diseñar la solución a la crisis en ciernes.

Una alternativa razonable es eliminar el límite a los aranceles que pagan los deciles 7, 8 y 9 en las instituciones gratuitas. Esas familias están en mejores condiciones de pagar o endeudarse con el mismo Estado que aquellas de los sectores más vulnerables, cuyos hijos necesitan una educación escolar de calidad. Lo mismo ocurre con los aranceles de aquellos estudiantes de los 6 primeros deciles que no alcanzan a terminar sus carreras a tiempo. Para pagar ese sexto o séptimo año, lo más justo es que se endeuden -en los mismos términos favorables que el Estado les puede ofrecer-, porque es altamente probable que se titulen y no tendrán problemas para restituir una vez que estén trabajando. De esta manera, se libera a las universidades y al Estado de asumir el costo de esos años de educación.

La propuesta de financiamiento solidario que reemplaza el CAE, hoy en discusión en el Senado, establece condiciones que garantizan que la restitución de recursos será abordable, incluso en condiciones de cesantía o muy bajos ingresos. Dado este subsidio, no hay razón para que los futuros profesionales no puedan contribuir al financiamiento del sistema de educación superior, entendiendo que sus ingresos se verán considerablemente aumentados tras su paso por este.

Por otro lado, las instituciones que dependen tan fuertemente de recursos fiscales para subsistir son inevitablemente menos autónomas que las que no dependen del Estado. No hay que olvidar que los aranceles regulados -y por consiguiente las finanzas de las universidades en gratuidad- dependerán siempre de la capacidad y la voluntad del Estado de soportar el sistema de educación superior. El día de mañana, una situación fiscal estrecha podría llevar a un gobierno a restringir estos recursos y las universidades no tendrán cómo enfrentar este desfinanciamiento. Si, por otra parte, el Estado quiere financiar el déficit causado por la política de gratuidad, incurriría en una solución muy injusta con los alumnos vulnerables del sistema parvulario, escolar y media técnico-profesional. En consecuencia, inyectar más recursos fiscales a las universidades no es la solución al problema.

Muchas universidades privadas no nos adscribimos a la gratuidad, ni tampoco lo haremos, por razones prácticas y de fondo. Las universidades que entraron al sistema están hoy desfinanciadas y observarán impotentes cómo su problema crece año tras año, al tener aranceles y vacantes fijados por la autoridad. Además, menos autonomía y menos recursos no son la fórmula para llevar a cabo un proyecto universitario de excelencia. Sin perjuicio de ello, es de interés de todo el sistema, y de la sociedad en su conjunto, que los problemas que afectan a las instituciones que adscribieron a la gratuidad sean enfrentados correctamente.