Columnas y Opiniones

Juan Pablo Couyoumdjian

Investigador Facultad de Gobierno

El caso reciente que surge a partir del anuncio de la empresa iansa de cerrar su planta de procesamiento de remolacha de Linares es un problema que detona luego de que no se le haya hecho frente por demasiado tiempo.

Como era de esperarse, la “guerra comercial” impulsada por la administración Trump en Estados Unidos está generando secuelas. En particular, sus contrapartes comerciales han reaccionado a estas políticas. Está por verse si las señales de reconciliación con algunas naciones que han ocurrido después del escalamiento arancelario serán efectivas y duraderas.

Mientras tanto, somos testigos de algunas consecuencias muy concretas: por ejemplo, hace una semana la prensa informaba que la administración Trump iba a presentar un plan de subsidios a su agricultura nacional por US$ 12 billones. Esto, dado que en algunos países los exportadores de productos agrícolas norteamericanos están enfrentando represalias arancelarias a las medidas adoptadas por el mandatario norteamericano. Más allá de las reacciones positivas a esta disposición por los sectores interesados, medios de prensa apuntaban correctamente que esta era, simplemente, una solución costosa y a corto plazo a un problema autoinfligido.

“Mundialmente, el azúcar de caña es más barata que la remolacha azucarera. Este es el factor fundamental que juega en contra de la competitividad de la industria nacional”.

Hablando de problemas autoinfligidos en materia de políticas públicas, en nuestro país no nos quedamos atrás (aunque, para ser justos, el episodio norteamericano al que hacemos mención es en verdad bastante extraordinario, y se debieran sacar lecciones). El caso reciente que surge a partir del anuncio de la empresa Iansa de cerrar su planta de procesamiento de remolacha de Linares es un problema que detona luego de que no se le haya hecho frente por demasiado tiempo.

A este respecto es importante recordar que, más allá de los logros en materia de eficiencia de producción de azúcar en el país, el azúcar de remolacha (que se produce en Chile) es un sustituto perfecto de la azúcar de caña. Y, mundialmente, el azúcar de caña es más barata que la remolacha azucarera. Este es el factor fundamental que juega en contra de la competitividad de la industria nacional, y que no tiene que ver con la existencia de distorsiones en los mercados mundiales del azúcar, que también pueden existir e influir en el margen. Porque el punto central está relacionado al mejor uso que se le pueden dar a nuestros recursos productivos (tierra y trabajo) y a la oportunidad de los consumidores chilenos de acceder a bienes a menores precios, aunque respecto de este último punto hoy en día vemos que nuestros legisladores buscan desincentivar el consumo del azúcar. En la medida que estas políticas paternalistas tienen efectos sobre el comportamiento de los consumidores, uno podría esperar que ellas también generen efectos sobre la industria azucarera nacional.

“Es de esperar que la urgencia mediática frente a los problemas económicos y sociales que surgirán producto de esta medida no lleve a que lo que podría aparecer como un uso justificado de recursos públicos en facilitar reconversiones productivas, que por definición deben ser procesos transitorios, se convierta en un programa de ayuda permanente”.

Todo esto es algo que expertos y analistas han venido comentando en distintos medios y espacios de opinión nacionales desde hace muchos años. Frente a esto, la necesidad de avanzar en políticas de “reconversión productiva”, que permitan una transición hacia el desarrollo de actividades socialmente más rentables, es algo que se ha venido proponiendo también hace años.

Y, sin embargo, por alguna razón u otra estas decisiones siempre se fueron postergando. Hasta que, por determinaciones propias, Iansa decide cerrar una de sus plantas, y el problema que pudo ser abordado de forma planificada, reaparece de forma casi inesperada. Argumentar ahora que este no debe ser un problema de política pública es ingenuo. Pero es de esperar que la urgencia mediática frente a los problemas económicos y sociales que surgirán producto de esta medida no lleve a que lo que podría aparecer como un uso justificado de recursos públicos en facilitar reconversiones productivas, que por definición deben ser procesos transitorios, se convierta en un programa de ayuda permanente.