Al igual como ocurrió con la discusión sobre el aborto, la posibilidad que una persona solicite la muerte médicamente asistida (MMA), ya sea mediante eutanasia o suicidio asistido, enfrenta a dos posturas irreconciliables. Por una parte está la de aquellos que consideran que la vida es un bien indisponible, por lo que bajo ninguna circunstancia sería éticamente admisible que un profesional de la salud produzca la muerte de su paciente. Otros, en cambio, consideran que una persona autónoma tiene derecho a decidir si no quiere seguir viviendo en esas condiciones que considera inaceptables y que es legítimo buscar la ayuda médica necesaria para lograr la muerte; los que piensan así reconocen el derecho a la vida, pero de éste no se desprende que exista un «deber de vivir».
Tal como lo mencionamos en la discusión sobre el aborto, los médicos tenemos legítimo derecho a tener opiniones personales a favor o en contra de la despenalización o legalización de la MMA, según nuestras creencias y valores. Pero considero que “[e]stas visiones personales nunca deben ser obstáculo para que podamos contribuir al debate de políticas públicas a partir de la evidencia científica y de la concordancia con los principios éticos a los que hemos declarado adherir” (Bórquez et al, 2015).   En este sentido, me parece que los médicos, expertos en cuidados al fin de la vida, bioeticistas, entre otros, independiente de su opinión personal respecto de la eutanasia, tienen el deber de aportar al debate público, desde sus distintas disciplinas.
Asimismo, considero que si un argumento importante para legislar a favor de la MMA es el respeto a la autonomía de la persona que la solicita, con esa misma fuerza debe respetarse la objeción de conciencia de aquel profesional sanitario que se niega a realizar la eutanasia por considerar que va en contra de sus creencias más profundas.