Quintero aún vive
Más allá de la polémica por el origen o los responsables de las emisiones en Quintero-Puchuncaví, este nuevo capítulo de inequidad territorial demuestra la urgencia de enfrentar de manera integral los conflictos soeioambientales en las mal llamadas Zonas de Sacrificio.
Este nuevo conflicto obliga a plantear un cambio de paradigma, donde más allá de limitar o mitigar el impacto ambiental -parafraseando al economista Michael Porter-, se busque la creación de valor compartido.
En este sentido, el actual conflicto permite revelar la otra cara de la convivencia industria-comunidad, como el caso de la iniciativa Quintero Vive, una plataforma impulsada por ocho empresas públicas y privadas ubicadas en la bahía en conjunto con la Municipalidad de Quintero para el diseño de proyectos que buscan rescatar el patrimonio urbano de la ciudad, relevar su historia y proyectarla al futuro. Su desarrollo tiene como antecedente un proceso de varios años en el que un grupo de arquitectos, en conjunto con la Municipalidad y con el financiamiento de algunas de las empresas, estudió la ciudad, su historia, sus principales hitos urbanos y aquellos rincones con mayor potencial para ser renovados.
Así se generó un primer portafolio de más de 20 proyectos que fue presentado a la comunidad y a distintos actores de la zona, invitándolos a colaborar en su desarrollo. Actualmente, la cartera de Quintero Vive la componen cerca de 30 proyectos, nueve de los cuales ya están construidos como el paseo de borde costero entre Quintero y Loncura, y la conversión de la ex estación de ferrocarriles en corporación cultural.
Pese a lo complejo del territorio y los desafíos ambientales que enfrenta, Quintero Vive ha podido avanzar en su implementación, en parte gracias a la escala pequeña de la ciudad y el compromiso de las empresas participantes. Lamentablemente, la continuidad del financiamiento de los equipos técnicos ha sido clave gracias al compromiso de algunas de las empresas participantes, pero Quintero Vive no ha creado nuevas estructuras o instancias técnicas, más bien ha financiado estudios y proyectos reforzando las capacidades instaladas del Municipio, el cual sigue actuando como instancia de gobernanza del Plan.
Si el Estado chileno, como corresponsable del impacto socio-ambiental, realmente quiere comprometerse con estos territorios, es perentorio que concurra a potenciar, financiar e institucionalizar este tipo de iniciativas de colaboración público-privada lideradas desde los propios territorios, para luego invertir decididamente en cambios tecnológicos que reemplacen o eliminen los procesos contaminantes.