Columnas y Opiniones

José Manuel Díaz de Valdés

Centro de Justicia Constitucional

Otra vez nos enfrentamos a una suerte de linchamiento del Tribunal Constitucional por parte del poder. No sólo se ataca a sus miembros por medio de la prensa, sino que incluso se amenaza, advirtiendo que fallar un caso de una u otra forma implicaría poner en peligro la subsistencia de la institución.

Insólito y peligroso. Insólito, porque los tribunales de este tipo no son una singularidad chilena. Virtualmente, todas las democracias cuentan con ellos y la tendencia ha sido hacia su progresivo fortalecimiento, aun en sistemas profundamente temerosos de “un gobierno de los jueces”, como es el caso de Francia. Basta revisar las constituciones dictadas durante los últimos 30 años en América y Europa para constatar que hoy no se concibe la democracia sin tribunales constitucionales.

Peligroso, porque la embestida al Tribunal Constitucional es un ataque al control del poder. No nos engañemos, estos tribunales existen porque la historia nos hizo comprender, a sangre y fuego, que el poder siempre necesita ser controlado, quien sea que lo ejerza, lo que ciertamente incluye al legislador.

Se nos dice que el Tribunal se opone a la democracia. Lo cierto, como casi todos los países democráticos lo han entendido, es que el Tribunal sólo se opone a cierta forma de democracia. Una democracia en que las mayorías pueden decidir cualquier cosa, incluso si ello va contra el Pacto Fundamental que es la Constitución. Incluso si sus decisiones vulneran los derechos fundamentales de las personas. ¿Qué pasaría si mañana el legislador decide separar a los inmigrantes ilegales de sus hijos, internando a éstos en instituciones estatales? ¿O suspender todos los derechos fundamentales mientras dure un conflicto armado? ¿O detener a sospechosos de terrorismo indefinidamente sin juicio? Situaciones como éstas han ocurrido en otras democracias, y es la justicia constitucional la llamada a proteger a las personas frente a las falsas y vacías nociones de democracia que ellas expresan.

Tal vez lo más injusto del ataque actual al Tribunal es que varias de las críticas son solucionables por –y en ocasiones atribuibles a– otros agentes. Así, se ha reprochado que el Tribunal aplicaría una Constitución que no gusta a la mayoría, pues entonces habrá que reformar el contenido de la misma, pero en el intertanto el Tribunal está obligado a aplicar lo que ésta dice. Se ha criticado su composición, pues entonces habrá de modificar su sistema de nombramiento. Se ha denunciado su creciente politización, pues bien, los responsables son justamente los partidos políticos, es decir, el poder. Ese mismo poder que, una y otra vez a lo largo de la historia, ha socavado sus controles y vulnerado los derechos fundamentales.

Evidentemente, toda institución es perfectible. Sin embargo, si realmente queremos tener una discusión seria sobre la justicia constitucional que queremos para Chile, es evidente que no se puede hacer al calor de un fallo en particular, utilizando amenazas y argumentos efectistas que son funcionales a los intereses de quienes ejercen el poder. Tenemos que resistir la manipulación y frivolización de la discusión constitucional, cuidando una institución que es esencial para la democracia contemporánea. En definitiva, debemos tener claro que eliminar o jibarizar el Tribunal Constitucional es retornar a la barbarie del poder sin control, y seguir los pasos de países dudosamente democráticos, como la Rusia actual.