Los alcances de la Ley de Lobby -cuya implementación está en pleno proceso- fue el tema discutido en el encuentro organizado por la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, sede Concepción, que congregó a profesionales vinculados al ámbito público y privado de la Región del Biobío.

En esta ocasión, el encargado de presentar el tema fue el abogado y asesor legislativo de la subsecretaría de Desarrollo Regional, Álvaro Villanueva, quien contextualizó el proceso en el que este proyecto comenzó a gestarse bajo el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, y que recién en noviembre pasado comenzó su aplicación gradual.

El expositor destacó el hincapié que se quiso dar en materia de publicidad de los órganos del Estado, con el fin de fortalecer el principio de probidad que debe regir a estos organismos.

Si bien Villanueva puntualizó que la ley tiene ciertas falencias que permitirían vulnerarla y, de esta manera, incumplir el propósito de probidad perseguido, de igual forma existen mecanismos interesantes que hacen que sea una oportunidad para hacer más íntegro el proceso de toma de decisiones.

Es así como la ley estipula que cualquier ciudadano puede solicitar que se agregue a la nómina ya entregada por la propia regulación algún otro cargo público que crea necesario de ser considerado como “sujeto pasivo de lobby”, esto es, como funcionario que por las facultades propias de su cargo está propenso a ser influenciado por otros actores en las decisiones –ya sea de acción u omisión– que éste deba dictaminar.