El empleo público constituye una de las bases esenciales del funcionamiento del Estado y, particularmente en el sector salud que se caracteriza por la coexistencia de diversas tipologías contractuales, lo que genera permanentes retos de gestión. A ello se suma la creciente relevancia del principio de confianza legítima en los últimos años, que ha motivado un renovado análisis sobre su alcance y aplicación en el ámbito administrativo.

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