Columnas y Opiniones

Julio Alvear Téllez

Director de Investigación Facultad de Derecho
Director revista Derecho Público Iberoamericano

La Ley N° 21.100, que prohíbe las bolsas plásticas en todo el territorio nacional, es una impostura.

En el inicio, nació como una normativa a ser aplicada a la Patagonia chilena, pero el excesivo entusiasmo del Gobierno extendió su validez a todo el país, con el aplauso de los parlamentarios —salvo honrosas excepciones— y el apoyo de encuestas no muy desinteresadas.

Me he tomado el tiempo de leer las 197 páginas de la historia de la ley. No hay un solo dato científico concreto, serio y evidente que dé razón de la medida. Solo generalidades y los consabidos eslóganes.

Que hay que proteger el medio ambiente es claro. Que el plástico derivado del petróleo contamina, nadie lo discute. El punto es la pertinencia y los alcances de esta ley.

Vamos a la pertinencia: es absurdo impedir la utilización de bolsas plásticas sin políticas claras de transición y sustitución por otro tipo de bolsas que queden efectivamente a disposición del consumidor. Estas son indispensables para la adecuada distribución, higiene y transporte de las mercancías; incluso, en diversos casos, para el resguardo de la intimidad o dignidad del comprador.

El legislador, en este punto, ha afectado la vida diaria de los consumidores sin medir las consecuencias. Dígase de paso, ahora hay que pagar por lo que hace poco se prestaba como un servicio asociado al comercio. Pero vamos borrando con el codo lo que se escribe con la mano: un grupo de senadores ha presentado una moción (Boletín Nº 12.516-12) para que los establecimientos de comercio entreguen al menos un “empaque biodegradable”.

Ley tan estricta como la N° 21.100 no afecta, sin embargo, a la gran industria, que sigue produciendo bienes y servicios con cuanto material de plástico sea posible. O a los supermercados, que utilizan generosamente el mismo material. Ni siquiera a los fabricantes de bolsas de basura que por miles se producen diariamente (¿podría ser de otro modo?). O a las embotelladoras que con sus envases producen desechos. La medida se aplica solo a nosotros, los consumidores. Felices podemos decir que “estamos salvando el planeta”: llevamos bolsas de género —si tenemos una— para llenarla con todos los productos de plástico que nos ofrece el mercado.

En cuanto a los alcances de la ley, nos encontramos frente a un caso característico de exceso regulatorio, un instrumento del Poder en estado puro que hace y deshace a su antojo. Me pregunto qué queda del viejo principio de subsidiariedad. Por qué no puede cada comunidad regular el uso de bolsas plásticas, cuidando el medio ambiente en sus concreciones, circunstancias y posibilidades reales.

Al fin y al cabo, el problema está mal enfocado desde su origen: en un mundo de plástico, lo que hay que enfrentar, por el momento, no es tanto la bolsa derivada del petróleo, sino su gestión y posterior tratamiento. La bolsa realmente contaminante es la desechable, de un solo uso, que posteriormente viene a ensuciar las calles, se acumula en los vertederos y llega hasta el mar. Sin embargo, la bolsa de material plástico que permite un uso prolongado, susceptible de sistemas de tratamiento adecuado de residuos, es una alternativa viable si cambiamos el hábito de “desechar y tirar”. Al menos mientras no existan en Chile bolsas completamente biodegradables, como las producidas, por ejemplo, a partir de biomasa. El resto es una impostura de nuestros legisladores.