Rector en la Prensa

Dos son los proyectos que actualmente discute el Congreso para abordar cómo los jóvenes financian sus estudios superiores. La primera iniciativa busca ampliar la gratuidad al 70% de los alumnos de planteles técnicos, y la otra pretende reemplazar el Crédito con Aval del Estado por un préstamo con otras condiciones de pago.

Pero mientras esos dos textos avanzan pausadamente -están en su primer trámite legislativo en la comisión de Educación del Senado-, las críticas se concentran en otra política que se sigue expandiendo: la gratuidad.

La semana pasada, el Consejo de Rectores (CRUCh) envió una propuesta a los congresistas para que hubiera una modificación legal y se les permitiera usar las recuperaciones que hacen del Fondo Solidario (ex crédito fiscal) para paliar el déficit que les dejará la gratuidad el 2019, el que, según sus propias estimaciones, llegaría a $43 mil millones.

“Resulta sorprendente ver a algunos rectores que apoyaron entusiastamente la ley de gratuidad reclamando por los efectos que esta tiene en sus finanzas, cuando eran totalmente anticipables”, critica Federico Valdés, rector de la Udel Desarrollo. Y por lo mismo, asegura que “no resulta aconsejable buscar soluciones de parche, porque el problema que introdujo esta ley mal concebida es estructural”.

Según el ingeniero civil, “se requieren soluciones de largo plazo que no impliquen más recursos fiscales, porque el Gobierno ha sido claro respecto de su decisión de priorizar la educación escolar, que por lo demás, es lo que de verdad Chile necesita. Tampoco hay que olvidar que el problema que ya existe con la gratuidad para los primeros seis deciles se hará muchísimo más grande cuando avance al séptimo decil”.

-¿Hacia dónde deberían apuntar las soluciones, considerando que el Gobierno ha dicho que está abocado a implementar una ley que se tramitó en la administración pasada?

-Que el legislador asuma y corrija el error cometido en la ley recién promulgada y limite permanentemente la gratuidad a (los alumnos del) sexto decil, porque de otro modo, al llegar al séptimo decil se creará un problema financiero aún mayor que el actual a las universidades en gratuidad. Esta es, sin duda, la medida más importante a tomar, aunque también sería la más resistida por quienes consideran que la gratuidad universal es un derecho más importante que las otras demandas sociales del país. El directivo también plantea que los menores ingresos de los planteles en gratuidad “no pueden ser compensados mediante recursos públicos en un contexto de escasez y con múltiples necesidades sociales. Para paliar esta situación, se requiere levantar la fijación de aranceles de los deciles no beneficiados con gratuidad. Esto permitiría mejorar la posición de todas las universidades que entraron al sistema, compensando con recursos privados de los deciles 7, 8 y 9, la gratuidad de los más vulnerables”.

Atrasos

Valdés, cuya universidad no está adscrita a la gratuidad, también propone que se perfeccionen los créditos solidarios en el proyecto que está en el Congreso, “para otorgar un financiamiento sustentable a los estudiantes que no completan sus estudios en el tiempo teórico, que son la gran mayoría”.

La ley de educación superior establece que cuando un alumno con gratuidad se atrasa en obtener su título, el plantel debe financiarle el 50% del arancel, situación que tiene complicadas a las casas de estudios. Según el CRUCh, esa nueva restricción, que parte en 2019, les implicarían menores ingresos por $26 mil millones.

“Para pagar ese sexto o séptimo año (de estudio), lo más justo es que los estudiantes se endeuden en los mismos términos favorables que el Estado les ofrece a los demás, porque a esas alturas es altamente probable que se titulen y no tendrán problemas para restituir una vez que estén trabajando”, asegura el rector.