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19.05.2017 |

“Derecho a conversar” abordó Proyecto Inocentes

La charla organizada por la Facultad de Derecho y la Facultad de Psicología tuvo como expositores al abogado Humberto Sánchez y la directora del SPI Ana María Salinas.

Con la participación de un gran número de asistentes, y en el marco del ciclo de charlas “Derecho a Conversar”, se realizó la Charla sobre el Proyecto Inocentes, de la Defensoría Penal Pública. En esta oportunidad, participaron como panelistas el abogado y encargado jurídico del Proyecto Inocentes, Humberto Sánchez Pacheco y la docente y directora del Servicio de Psicología Integral (SPI) Santiago, Ana María Salinas.

El Proyecto Inocente, surge como una idea de la Defensoría Penal Pública que, inspirada en trabajos realizados por organizaciones como Innocence Project (Proyecto Inocencia) de Estados Unidos, busca imponer nuevos desafíos para mejorar ciertas prácticas, hábitos y rutinas de trabajo de los principales actores del sistema de justicia.

El objetivo es detectar errores en el proceso investigativo que resulten en que una persona sea declarada culpable, cumpliendo pena de cárcel, siendo inocente. Esta instancia que reunió a estudiantes de Derecho y Psicología tuvo como objetivo conocer más detalles del proyecto anteriormente nombrado y, desde el punto de vista de la Psicología, conocer las implicancias que tiene para un individuo ser condenado por un delito que no cometió.

Sánchez explicó que en la mayoría de los casos, una vez demostrada la inocencia, se intenta reparar el daño a través de una compensación económica para la persona afectada, sin embargo, la psicóloga Ana María Salinas afirmó que “existen repercusiones emocionales, físicas, laborales y emocionales para la persona y su núcleo. Es imposible medir la magnitud del daño provocado a un sujeto en estos casos”.

A raíz de esto, en la conversación surgieron diversas iniciativas en las que se apuntó al Estado como el ente que debiera hacerse cargo, entre ellas: el acompañamiento a las familias y la atención mental del afectado y sus cercanos. Salinas destacó que “es el aparato estatal el que debe hacerse cargo del error”.

Humberto Sánchez contó a los presentes que la Defensoría Penal Pública ha tomado esta necesidad de sus defendidos y, por lo mismo, ha instaurado una línea de apoyo social que atiende al individuo y a su familia. “Estas personas quedan muy deterioradas. No hay que olvidar que en más de un 90 por ciento de los casos, los afectados no tienen antecedentes penales, por lo que nunca se esperaron estar en esta situación”, explicó a los presentes.

Finalmente, uno de los puntos que también surgió en la conversación fue la importancia de que todos los profesionales que trabajan en el área judicial, ya sean las policías, Fiscalía, peritos forenses, entre otros, deben capacitarse en técnicas de investigación y entrevista, puesto que la mayor cantidad de errores se produce por identificaciones mal hechas en reconocimiento facial. Salinas explicó que esto se debe a que “la memoria es muy frágil, entonces, cada vez que recordamos, llenamos los espacios con información que no siempre es real”.