En medio del debate legislativo sobre el proyecto que busca prohibir en el país toda forma de gestación subrogada, Sofía Salas, académica del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, fue invitada a exponer ante la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. 

Durante su intervención, la doctora Salas abordó los aspectos clínicos y éticos de esta práctica, señalando que «la gestación subrogada sí forma parte de las técnicas de reproducción asistida (TCA). No curan la infertilidad, pero constituyen una forma válida de tratamiento». Asimismo, subrayó que “hay un tema muy relevante: la necesidad de basarse en estudios empíricos más que en artículos de opinión. Yo leí el proyecto de ley que está en discusión y muchas de las referencias están basadas en artículos de opinión, pero hay pocos trabajos que documenten, por ejemplo, estudios longitudinales sobre niños y niñas nacidos con esta técnica”.  

Respecto a los aspectos éticos, fue enfática al señalar que, para que la gestación subrogada sea éticamente aceptable, deben cumplirse criterios estrictos como respeto por la autonomía de la gestante, ausencia de coerción y apoyo legal experto. 

En cuanto a las recomendaciones internacionales sobre la subrogación, la doctora Salas mencionó que esta debería aplicarse en casos donde la mujer no puede gestar por sí misma, como en ausencia de útero o cuando existen condiciones médicas que lo impiden. Añadió que también debe considerarse la incapacidad biológica para concebir, como es el caso de hombres en solitario o en pareja con alguien del mismo sexo.  

Salas también criticó el uso de expresiones como “vientre de alquiler” y “flagelo” en la discusión parlamentaria, ya que —a su juicio— pueden resultar ofensivas para las familias formadas gracias a estas técnicas. Advirtió, además, que prohibir la ovodonación impediría el acceso a tratamientos de fertilidad a cerca del 20% de las personas que los necesitan.  

Finalmente, la docente e investigadora de la UDD afirmó que las personas que no pueden concebir sin asistencia médica deben tener derecho a acceder a estos tratamientos mediante los avances científicos disponibles, y que se les debe permitir hacerlo sin discriminación. 

El proyecto de ley, presentado por un grupo de parlamentarios, propone modificar el Código Penal para sancionar diversas prácticas relacionadas con la subrogación, argumentando que esta vulnera la dignidad de mujeres y niños, y mercantiliza el proceso de gestación.