Los jefes de servicio de las entidades públicas y municipales se encuentran obligados a prevenir delitos funcionarios, de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo al interior de sus organizaciones, también deben prevenir el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, proteger los datos personales y adoptar los mayores estándares e instrucciones en los procedimientos de compras públicas y de ley de lobby, ¿están preparados para afrontarlos?