Tras los distintos hechos de violencia dentro de establecimientos educacionales, la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo realizó una encuesta (con 1.059 casos) donde se revela que el 93% de los entrevistados está de acuerdo o muy de acuerdo con que el director aplique la ley Aula Segura para desvincular a estudiantes involucrados en actos de violencia. Dicho porcentaje aumenta a 97% en establecimientos municipales y baja a 89% en subvencionados. 

Los resultados de la medición fueron publicados en el reciente informe “Clima Escolar y Violencia: Evidencias y Rutas de Acción para una Escuela Segura”, el cual alerta sobre esta crisis que compromete el derecho a la educación, el bienestar socioemocional y el rendimiento académico de niños, niñas y adolescentes. “Esta problemática no es solo una cuestión pedagógica o disciplinaria, es una responsabilidad pública que exige respuestas estructurales. Hoy, miles de estudiantes, docentes y familias conviven con un deterioro profundo del clima escolar, faltan psicólogos, faltan apoyos, faltan herramientas. Y lo más grave: no hay una política pública consistente para enfrentar esta crisis”, comentó Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación UDD y uno de los autores del informe. 

La encuesta también consultó sobre cuáles son las posibles razones del aumento de violencia: 25% cree que es por problemas familiares o falta de apoyo en casa; 23% por falta de formación en valores y habilidades socioemocionales y 22% por Bullying o acoso escolar no atendido. Bravo explicó que son tres dimensiones muy distintas que abordar: lo familiar, lo escolar y lo personal. “Esto claramente refleja cómo se debe trabajar. Se requiere avanzar en mayor formación docente y en el fortalecimiento de las habilidades parentales, porque solo podremos alcanzar una educación de calidad, si logramos garantizar entornos seguros para aprender y enseña”, indicó. 

Según el documento, tras el retorno a la presencialidad postpandemia, los episodios de agresiones físicas, verbales y simbólicas se han intensificado. Entre 2012 y 2022, la victimización frecuente aumentó de 11% a 19%, y quienes sufren violencia en sus escuelas pueden obtener hasta 14 puntos menos en Comprensión Lectora y 7 en Matemáticas. 

Para comenzar a encontrar soluciones, el informe recomienda fortalecer la educación socioemocional desde la primera infancia hasta la enseñanza media; incorporar prácticas restaurativas como la mediación escolar y los círculos de diálogo para resolver conflictos desde una lógica formativa y no punitiva; acompañar activamente la implementación de la Política Nacional de Convivencia Escolar mediante el suministro de herramientas y apoyo técnico a las escuelas; constituir equipos interdisciplinarios territoriales con capacidad de respuesta inmediata en contextos de alta conflictividad; y actualizar la formación inicial docente incluyendo módulos obligatorios en prevención de violencia escolar. 

Revisa el informe aquí.