Investigadores de las facultades de Educación y Psicología junto a la Defensoría de la Niñez debatieron sobre los resultados de la normativa vigente, revelando un aumento sostenido de expulsiones, una alarmante tasa de desvinculación escolar y la necesidad urgente de revisar el modelo disciplinario punitivo.

La Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo fue sede del seminario «Hacia una Convivencia Efectiva: Resultados de la Ley Aula Segura y buenas prácticas educativas», organizado conjuntamente con la Defensoría de la Niñez. El encuentro convocó a investigadores, autoridades educativas y especialistas en psicología escolar para analizar los efectos concretos de la Ley N°21.128 tras seis años de implementación, compartir evidencia sobre sus consecuencias en las trayectorias de los estudiantes y debatir alternativas orientadas a la reinserción y el bienestar de la comunidad educativa.

El seminario fue inaugurado por el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, y el vicedecano de la Facultad de Educación de la UDD, Mauricio Bravo, quienes enmarcaron la instancia como un espacio de diálogo necesario para poner la evidencia al centro de las decisiones de política educativa.

La investigadora del Centro de Investigación para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA UDD), Marcela Tenorio, presentó los resultados del estudio «Seis Años de Aula Segura: Tendencias y patrones en las expulsiones escolares del sistema educativo chileno», elaborado junto a Mauricio Bravo, Anuar Quesille y Andrés Aparicio. El análisis se basó en la base nacional de expulsiones entregada por la Superintendencia de Educación para el período 2019–2024 bajo la ley Aula Segura, cruzada con registros de matrícula, asistencia y exámenes libres del Mineduc.

Entre los hallazgos más relevantes destacan: el total de 2.472 expulsiones con datos completos registradas en el período, con un peak de 785 casos en 2023, una concentración del 74,5% en estudiantes hombres y del 69,7% en enseñanza media. La causa más frecuente fue la agresión física a otros estudiantes (901 casos), seguida por el uso, porte y tenencia de armas (319 casos) y hechos relacionados con drogas (214 casos).

El dato más alarmante, sin embargo, fue el de la desvinculación: el 22,5% de los estudiantes expulsados, equivalente a 555 personas, no regresó al sistema escolar. De ellos, solo 25 rindieron exámenes libres, 1 completó la enseñanza básica y 1 terminó la enseñanza media.

Por su parte, la jefa del Área de Estudios de la Defensoría de la Niñez, Pamela Melendez, presentó el análisis estadístico elaborado por la Defensoría desde un enfoque de derechos humanos, basado en los 7.574 casos registrados entre 2018 y 2025 de procedimientos de expulsión y cancelación de matrícula, marcando un peak en el año 2024 con un total de 2.394 expedientes.

Meléndez relevó además el aumento de sanciones, la exclusión escolar, la concentración de expedientes en niveles de transición entre básica y media, la aplicación de la ley en enseñanza básica y el crecimiento crítico de casos en las regiones del norte del país, donde Tarapacá presenta la tasa más alta del país, con 0,75 expedientes por cada 1.000 estudiantes en 2025, así como la aplicación en grupos de especial protección, como niños bajo cuidado del Estado o con diagnóstico de TEA.

Finalmente, el investigador del Instituto de Bienestar Emosional de la Facultad de  Piscología UDD, Jorge Varela, abordó la dimensión del bienestar docente como componente central de la convivencia escolar, presentando evidencia sobre los efectos de la violencia y el acoso en los profesores.

Varela presentó datos de estudios comparativos latinoamericanos que muestran que en Chile el 33% de los docentes reportó haber sido víctima de ciberacoso durante la pandemia, la cifra más alta entre los cinco países analizados, y que a menor edad de los profesores, mayores son los niveles de desgaste psíquico, emociones negativas e indolencia. Sus investigaciones identifican las relaciones interpersonales al interior de la escuela y la calidad del vínculo entre profesores y estudiantes como los factores protectores más relevantes para el bienestar docente.

La jornada cerró con un conversatorio que reunió al ex Ministro de Educación, Harald Beyer, Pamela Meléndez, Mauricio Bravo y Jorge Varela, quienes debatieron sobre los pasos a seguir en materia de política educativa. Los participantes coincidieron en que la evidencia acumulada invita a una revisión urgente de la Ley Aula Segura y en la necesidad de avanzar hacia modelos disciplinarios que, en lugar de desplazar a los estudiantes fuera de la comunidad educativa, amplíen las capacidades institucionales de mediación y reinserción, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad estructural.

Entre las recomendaciones que emergieron del seminario se destacan: fortalecer dispositivos preventivos, restaurativos y de reinserción; avanzar con intervenciones psicoeducativas contextualizadas y sensibles a la biografía de cada estudiante; analizar trayectorias previas a la expulsión; e incorporar al análisis variables de apoyo educativo y clima escolar.